Evadir, esa es la cuestión en el mundillo

Que la industria de los videojuegos mueve millones y millones de dólares no es ninguna novedad. De hecho, en los últimos años se ha convertido en uno de los negocios comerciales que más ha crecido a nivel mundial. Por supuesto que este notable crecimiento trae consigo situaciones impositivas que resultan un tanto llamativas. Una de ellas la protagoniza el mismísimo fundador de EA, William M. Hawkins III, quien intentó declararse en bancarrota, pero su estrategia quedó trunca. Por su parte, el gobierno del Reino Unido quiere realizar una consulta con la que busca poner punto final al vacío legal que permite a ciertas tiendas comercializar videojuegos a un precio marcadamente inferior respecto de la competencia.

Vayamos por parte. William M. Hawkins III habría hecho el intento de declararse en bancarrota presentando una deuda que suma nada más y nada menos que veinte millones de dólares. Pues bien, el caso pasó a ser estudiado por un magistrado de San Francisco, quien investigó la situación y determinó desestimar el pedido del creador de EA. Según las palabras del Juez a cargo del caso, lo que intentaba claramente Hawkins era evadir impuesto al declararse en bancarrota, pero manteniendo el privilegiado estilo de vida que había tenido hasta entonces. Para dar una evidencia concreta, el Juez Jeffrey S. White acudió a la adquisición que hizo Hawkins de un automóvil con un valor de 70 mil dólares. Claro, lo importante no es la compra de este coche en particular, sino que se trata del cuarto auto que el fundador de EA pone a su nombre.

Por otro lado, en Reino Unido se genera una situación bastante particular con tiendas tales como HMV, The Hut, Zavvi, Play o Amazon. Todas ellas venden y exportan no sólo videojuegos, sino también hardware a un costo marcadamente inferior que sus competidores. Ello se debe a que operan desde la Isla de Jersey, cosa que les permite evadir impuestos. Ante esa situación, el Canciller George Osborne examinará a partir de mayo próximo y de forma personal esta práctica, la cual el propio funcionario supone un uso de planes de evasión de impuestos muy agresivos.